Ministro Cordero y debate por justicia militar: “No es una justicia que de garantía de independencia y parcialidad”

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, el ministro de Justicia y DD.HH., Luis Cordero, se refirió al avance de la Ley corta de Isapres, el debate por la justicia militar y las RUF, y el Plan de Búsqueda Nacional.

Ley corta de Isapres

Al ser consultado por el avance de la Ley corta de Isapres, el ministro Cordero explicó que “tuvimos tres casos que llevaron al ajuste del precio de las isapres”, es decir, el plan base, la Tabla de Factores y el prima GES: “Los dos últimos son los más significativos abordados por la ley, pero el primero implicó una circular que se buscó judicializar, pero que rápidamente la Corte rechazó esos recursos”.

En la misma línea, agregó que “parte de la explicación de la Corte del criterio que utilizó tenía que ver con tratar de reducir la judicialización (…) la salud es un sector altamente judicializado, entonces es probable que se reduzca la judicialización vinculada a los temas de valor de planes, otra cosa distinta son por cobertura”.

Justicia militar

En relación al debate por la reposición de la justicia militar, el jefe de cartera afirmó, en primer lugar, que “no hay nada más Concertacionista que la reducción del ámbito de la justicia militar, porque este es el debate desde el retorno a la democracia”.

“La gran crítica es que existe consenso de que la justicia militar como está diseñada es una justicia que no es imparcial ni independiente, porque el modelo del juez y fiscal militar son funcionarios de línea sujetos a orden de mando”, explicó el ministro. Bajo el mismo argumento, señaló que “tiene un problema de diseño (…) todos están de acuerdo que no es una justicia que de garantía de independencia y parcialidad”.

De esta manera, ejemplificó con el reciente caso del excomandante Juan Miguel Fuente-Alba, y señaló que “es el mejor ejemplo de un funcionario militar sujeto a dos jurisdicciones separadas”.

Reglas del Uso de la Fuerza

Respecto al debate de las Reglas del Uso de la Fuerza, el jefe de la cartera de Justicia afirmó que, con anterioridad este tema se había discutido por la Ley Naín Retamal, y que “por eso existe norma expresa que cuando los policías actúan en función de su cargo no deban ser tratados como imputados”. Ante esto, puntualizó que “no creo que es posible sostener modificar el régimen de investigación y de enjuiciamiento criminal sobre la base de una opinión política que algunos tienen sobre cómo funciona el sistema”.

De esta manera, el ministro respaldó el rol del Ministerio Público y de los fiscales, afirmando que “si hay una crítica a los fiscales hay que ser transparente en decirla y esa crítica tiene una respuesta muy evidente”. En este sentido, valoró la defensa que realizó el fiscal nacional, Ángel Valencia, del Ministerio Público en una entrevista realizada en el mismo espacio.

Gendarmería

Al ser consultado por el reciente fallecimiento de la gendarme Ignacia Albornoz, el ministro afirmó que “hay una investigación penal abierta” y que “hasta ahora está el flujo de información en claro y por cierto está la investigación administrativa abierta en la Escuela de Gendarmería (…) se va aclarar todas las circunstancias que la pudo haber afectado”.

En relación a cómo funcionan las escuelas de las instituciones de policías, FF.AA. y Gendarmería, el ministro señaló que “creo que hay un aspecto común en las escuelas matrices (…) Gendarmería ha seguido lo de transformar sus escuelas en instituciones de educación superior”.

Así explicó que “en ese contexto deben ser evaluadas (…) no tiene que ver solo con la dimensión física, sino también de trato, de vínculo, es el gran desafío que tiene en el proceso de desempeño”. Ante esto, afirmó que “este tipo de situaciones que son muy lamentables, compromete no solo a sus compañeros”.

Plan Nacional de Búsqueda

Finalmente, el ministro se refirió al Plan Nacional de Búsqueda, y destacó que “hemos cumplido de acuerdo al calendario” y valoró la constitución del Comité de Seguimiento, en el cual “por primera vez los familiares participan activamente del seguimiento de la búsqueda” de sus familiares detenidos desaparecidos.

Además, explicó que “tenemos nuestros informes de la Comisión de Verdad, pero las acciones judiciales en los últimos 20 años han agregado” información “que no está procesada y se está digitalizando (…) hay información por los años que están en algunos expedientes y no en otros”.

“El ejercicio del plan y de la búsqueda es también un acto de reparación a las víctimas”, puntualizó el ministro y, agregó que “ha permitido un espacio de dialogo y de reflexión”, junto a la sociedad civil.