Oficialismo y oposición: Revisa los acuerdos constitucionales aquí

El desarrollo del proceso constituyente de cara al plebiscito del 4 de septiembre no deja de sumar nuevas iniciativas, ya sea en caso de que gane el Apruebo o el Rechazo.

Acuerdo del Apruebo

Por un lado, este pasado jueves los partidos políticos oficialistas distribuidos entre los colectivos Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, dieron a conocer un acuerdo de reformas -solicitado por el Presidente de la República- que se aplicarían en la nueva Constitución en caso de ganar el Apruebo.

Un texto que fue firmado en el Congreso por: Natalia Piergentili (PPD), Patricio Morales (PL), Tomás Hirsch (AH), Lorena Fries (Mov. Unir), Paulina Vodanovic (PS), Leonardo Cubillos (PR), Juan Ignacio Latorre (RD), Flavia Torrealba (FRV), Guillermo Teillier (PC) y Diego IbáñezCotroneo (CS), y que según ellos, busca que los ciudadanos tengan ”certezas acerca de las mejoras y aclaraciones del texto propuesto y del proceso de implementación del mismo”.

El documento, llamado ”Unidos y unidas para aprobar una nueva Constitución”, se divide en cinco puntos:

Plurinacionalidad

Consulta indígena: “Se establecerá que el verdadero sentido y alcance se refiere sólo a las materias que puedan afectar directamente a los pueblos indígenas”.
Consentimiento previo: “Se establecerá explícitamente que sólo es aplicable a la regulación de entidades territoriales y que no es exigible en temas de carácter nacional o reformas constitucionales, respetando los principios establecidos en el referido Convenio”.
Autonomías territoriales: “Se desarrollarán en concordancia con los principios de unidad e indivisibilidad del Estado de Chile y de las libertades reconocidas y protegidas para todas las personas. Para esto se establecerá expresamente que sus atribuciones deben ser coherentes con el carácter único e indivisible del territorio de Chile. Asimismo, proponemos que se establezca expresamente en la ley que en ningún caso el establecimiento de una autonomía territorial indígena ni su regulación puede limitar el derecho de cualquier habitante de la República a trasladarse libremente por todo el territorio nacional, respetando la Constitución y las leyes”.
Justicia indígena: “Reafirmamos la igualdad ante la ley como principio rector y que todas las personas, indígenas y no indígenas, somos iguales ante la ley en dignidad y derechos. No existirán regímenes de justicia paralelos que pongan en cuestión la unidad, coherencia y consistencia del Poder Judicial. La justicia indígena solo se aplicará a miembros del mismo pueblo, será voluntaria y no tendrá competencia respecto de delitos penales. La justicia indígena, tal como lo señala la nueva Constitución, siempre estará subordinada a la justicia ordinaria, en particular, a la Corte Suprema”.

Derechos sociales

Pensiones: “Nos comprometemos a que la implementación del derecho a una pensión digna será en base a un nuevo modelo mixto, donde seguirá existiendo un componente de capitalización individual, en los mismos términos que en la actualidad, cuestión que es plenamente consistente con la nueva propuesta constitucional”.
Propiedad de las viviendas: “El derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad están absolutamente asegurados, siendo complementos para dar continuidad a la actual política de vivienda que entrega la plena disposición para el beneficiario y su familia. Se asegura explícitamente que la propiedad de las viviendas, indistintamente del tipo de propietario, se protegerá bajo toda circunstancia”.
Sistema Nacional de Salud: “Permitirá a distintos gobiernos, de diversas tendencias políticas, innovar en nuevas soluciones y no limita la posibilidad de que participen los privados como prestadores. La ley asegurará un sistema integrado con participación pública y privada, donde siguen existiendo clínicas, hospitales, y centros médicos privados. Bajo el Seguro Único de Salud, se protegerá la libertad de todas las personas a elegir dónde atenderse dentro de la red del nuevo Sistema Nacional de Salud”.
Educación: “En concordancia a lo señalado en la Nueva Constitución, la educación como derecho social, y en su implementación legislativa, se respetará la existencia y desarrollo de la educación particular subvencionada, siempre con pleno reconocimiento del Estado dentro del Sistema Nacional de Educación”.

Seguridad

Estado de Excepción: “En relación a los estados de excepción, proponemos establecer en la Constitución el estado de emergencia por grave alteración de la seguridad pública, autorizando que las Fuerzas Armadas puedan colaborar, a requerimiento de la autoridad civil y en las condiciones calificadas que establezca la ley, en tareas de resguardo del orden constitucional y del Estado de derecho. Todos los Estados de Excepción, como señala el texto, se aplicarán con estricto respeto a los derechos fundamentales”.

Sistema político

“Dado que la Nueva Constitución innovó y acordó un nuevo sistema político, con profundos mecanismos de participación ciudadana y fortalecimiento de las regiones, que valoramos, nos comprometemos a analizarlo para lograr el mejor equilibrio en el Poder Legislativo, el gobierno central y las entidades territoriales“.
Iniciativas de gasto fiscal: “Respetarán siempre el beneficio de las personas y el principio de responsabilidad fiscal. En este sentido, creemos necesaria la eliminación de la atribución de presentar mociones parlamentarias que irroguen directamente gastos al Estado. Igualmente, la capacidad de endeudamiento de las entidades territoriales fijadas por ley, deberán sujetarse al máximo anual que a este efecto fije la ley de presupuestos, con expresa regla de responsabilidad fiscal”.
“Por último, acordamos que para una mejor administración del Poder Ejecutivo y los propios procesos político electorales, que la reelección presidencial no proceda consecutivamente”.

Poder Judicial

Poder Judicial: “Proponemos reemplazar, en la Constitución, la denominación ‘Sistemas de Justicia’ por la de ‘Poder Judicial’. Proponemos también revisar la composición del Consejo de la Justicia para asegurar su integración por una mayoría de jueces. Adicionalmente, creemos que conviene hacer explícito que la calificación de los jueces por ese Consejo no considerará el contenido de sus fallos”.
Recurso de tutela: “Considerando la importancia de los derechos fundamentales, nos comprometemos a implementar el recurso de tutela, a modo de proveer una protección adecuada, eficaz y oportuna”.

Lee el texto completo aquí:

Acuerdo para reformas a nue… by Contacto Ex-Ante

Acuerdo del Rechazo

En medio del debate sobre el acuerdo oficialista, los partidarios por el Rechazo aprovecharon para reafirmar sus 10 compromisos sobre un posible cambio constitucional.

Recordemos que el pasado 8 de julio, los tres partidos del conglomerado Chile Vamos publicaron un documento con 10 puntos que debe incluir una nueva propuesta de Constitución.

Es por eso que ayer, tras el anuncio del acuerdo oficialista, los partidos de Renovación Naciónal, Evópoli y la UDI firmaron una nueva carta para volver a poner sobre la mesa sus compromisos. Sobre esto, el diputado y secretario general de RN, Diego Schapler, sostuvo que:

”Fuimos capaces de ofrecerle al país un curso de acción que incluía un compromiso, que era que íbamos a votar favorablemente la rebaja de los quórum. En ese minuto, los cocineros del actual acuerdo, nos dijeron que eso no era sí, que no iba a ser cierto (…) la centro derecha ya tiene un compromiso cumplido”.

El documento, bajo el nombre de “Una Nueva Constitución para Chile, Compromiso de ChileVamos con una Casa para Todos“, propone lo siguiente:

1. Estado social y democrático y de derecho: Urge avanzar en la definición constitucional de Chile como un Estado social y democrático de derecho. Debemos garantizar el acceso y adecuado ejercicio de derechos sociales en educación, salud, pensiones, vivienda y seguridad social en general, que haga posible una vida verdaderamente libre y digna. Esto exige la participación activa de la sociedad civil organizada y un Estado moderno y eficiente que asegure la paz social y la calidad de vida de los chilenos.

2. Modernización y ampliación de los derechos fundamentales: Necesitamos un nuevo pacto social en materia de derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales. El conjunto de derechos recogidos en la Constitución vigente no alcanza a comprender la complejidad de una sociedad dinámica, moderna y diversa. Un nuevo texto constitucional debe considerar compromisos ambiciosos respecto de prioridades ciudadanas ampliamente compartidas, como lo son el acceso a una mejor educación, salud, pensiones, vivienda y seguridad social en general. La mejora sostenida y responsable en cada uno de estos derechos debe ser el eje prioritario sobre el cual se estructure nuestra convivencia futura.

3. Más democracia y participación para contribuir al bien común: Una nueva Constitución, que ha sido empujada por la ciudadanía, demanda reconocer a la persona y la sociedad civil como el centro y motor de la vida pública. Es por esta razón que una Constitución moderna exige abrir los espacios para que las personas y sus comunidades puedan participar más y mejor de nuestra democracia, permitiendo y favoreciendo el despliegue de sus proyectos de vida. Esto demanda, entre otras cosas, garantizar la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, robustecer el derecho de asociación, reconocer e integrar el aporte público de la sociedad civil, fortalecer la participación democrática en los partidos políticos e incrementar canales para más y mejores mecanismos de democracia directa, que enriquezcan la democracia representativa.

4. Nuevo presidencialismo y rehabilitación del principio de mayoría: Junto con afianzar el respeto por la autoridad del Presidente de la República y por su elección directa por sufragio universal, el Congreso debe fortalecer sus atribuciones en el ámbito legislativo. Asimismo, el sistema político debe ser pensado a partir de una visión de conjunto: el objetivo es dar más eficacia y gobernabilidad al sistema, pero siempre respetando los debidos pesos y contrapesos y una adecuada separación de los poderes del Estado. Entre otros elementos, nos comprometemos a defender la existencia del Senado, rehabilitar el principio de mayoría mediante la rebaja de los quórums de tramitación legislativa, y terminar con el control preventivo del Tribunal Constitucional.

5. Descentralización y desarrollo solidario de las regiones: Chile requiere avanzar, decididamente y sin más preámbulos, en entregar mayor poder a las regiones y llevar a cabo una profunda descentralización política y administrativa, junto a mayores espacios de autonomía y responsabilidad fiscal. Sin embargo, distribuir el poder en unidades territoriales no puede ser sinónimo de desmembramiento del país, poniendo en riesgo la misma descentralización buscada y caminando hacia un Estado disfuncional. El desarrollo solidario de las regiones debe ser un pilar fundamental de la distribución territorial del poder, de manera de asegurar que todos los sectores del país cuenten con las condiciones para ser protagonistas de su destino sociopolítico y garantizar su bienestar integral.

Lee los 10 compromisos aquí:

Compromiso CHV, Doc Definit… by Talía Llanos Chacón