Isapres: reportan pérdidas de $73 mil millones y adelantan una posible quiebra durante las próximas semanas
El último balance financiero de las Isapres correspondiente al primer semestre del año, evidenció una pérdida millonaria de $73.607.000, la cual sumada a la cifra de 2021 compone una negativa total de $222 mil millones.
Ante esto, advierten que si se mantiene el déficit en el sistema, hay prestadoras privadas que podrían llegar a su quiebra definitiva dentro de las “próximas semanas”.
¿A qué se deben el déficit y las pérdidas?
Según la Asociación de Isapres, los resultados negativos se explican: ”por un mayor gasto nominal en atenciones de salud (cirugías, consultas médicas, exámenes y procedimientos), el que aumentó 14% en los primeros seis meses de este año, mientras el desembolso por licencias médicas subió 5%”.
Por eso, la Isapre que recibió el mayor impacto fue Cruz Blanca, con una pérdida de $26.822 millones. A esta le sigue Consalud (-$26.531 millones), Banmédica (-$16.592 millones), Colmena (-$5.128 millones) y Nueva Masvida (-$234 millones).
La única prestadora que reportó resultados positivos fue Vida Tres con $1.700 millones.
El presidente de las Isapres comunica de una posible y pronta quiebra
En conversación con Cooperativa, Gonzalo Simón, el presidente de la Asociación de Isapres, explicó que:
“El origen del problema es que los precios estuvieron congelados desde el 2020 hasta el primer semestre del 2022, y la cantidad de prestaciones se han elevado; y, en paralelo, ha habido un tremendo crecimiento de las licencias médicas”, sostuvo la autoridad, concluyendo que: “Se ha elevado el costo (de operación), sin embargo, los ingresos se han mantenido constantes, lo que se transforma en situación de déficit”.
A pesar de que estas pérdidas -según Gonzalo- no causarán efectos inmediatos en los usuarios, sí se encuentran preocupados sobre la permanencia del déficit, puesto que ”va a traer complicaciones a los beneficiarios y eventualmente se puede producir incluso la quiebra o el cierre de alguna o varias instituciones”, declaró.
Así, enfatizó que: ”Si se mantiene esta situación, sin ninguna variación, en las próximas semanas o meses ya podemos empezar a ver instituciones que empiezan a fallar, a quebrar o a dejar de operar”.
Y a pesar de que sí hubieron ganancias, los dineros -según el presidente- fueron reinvertidos en las isapres. ”Como en todos los sectores productivos, algunos años se producen utilidades, y lo que se hace es que éstas se reinvierten en la propia isapre, en el sector salud o en alguna otra área”, explica.
Para finalizar, apuntó a que lo que está sucediendo es un reflejo de los insuficientes ingresos para costear los beneficios que se entregan y ”son los controladores los que están haciendo los aportes necesarios para sostener la operación y seguir cumpliendo con los contratos”.
Judicialización y déficit operacional
El representante de las isapres no solo considera al balance negativo por la posible quiebra gremial, sino que también apunta a la judicialización que afecta al sistema, afirmando que:
“Lo que está amenazando a las isapres es la incongruencia entre las leyes que regulan al sector y la interpretación que realizan las autoridades de las mismas. Es decir, un problema de inviabilidad administrativa y operacional que, en definitiva, no permite proyectar con certeza el sistema hacia el futuro”, aseveró.
De acuerdo a la Asociación, la escasez de definiciones normativas no puede ser corregida por ellos mismos y está demostrando ser irreversible, a no ser que el Gobierno accione alguna gestión.
”Las aseguradoras, pensando en los afiliados, están haciendo aportes, mes a mes, para suplir los recursos necesarios para operar. Sin embargo, es necesario tener claridad de que, sin certeza jurídica ni equilibrio financiero, no es posible garantizar el futuro de las coberturas de salud”, manifestó Simón.
En ese sentido, la Asociación valoró la instancia de diálogo que comprometió el Ministerio de Salud:
”El Gobierno ha reconocido el problema y la expectativa es encontrar con la mayor celeridad un mecanismo que evite un cierre abrupto y la crisis que esto implicaría, no solamente para los beneficiarios, sino también para los prestadores y los usuarios del sistema público, que ven con preocupación el riesgo en que se encuentra el sector”, cerró Simón.