Body Scan: La polémica decisión que tuvo que retractar el ministerio de Salud
El pasado 30 de junio, la Subsecretaría de Salud emitió un comunicado en el que se prohibía el uso de Body Scan por rayos X. Un instrumento de escáner corporal normalmente utilizado en aeropuertos, pasos fronterizos y cárceles que tiene la función de alertar ante la presencia de cualquier objeto extraño independiente de su composición. Como por ejemplo: narcóticos, explosivos, armas, e incluso cápsulas que contengan amenazas químicas o biológicas.
¿Por qué se quiso suspender el ‘body scan’?
El informe postuló que: ”Esta Subsecretaría de Salud ha determinado expresamente no realizar nuevas autorizaciones a body scan por rayos X fuera de la autorización ya expresada para la PDI en aeropuertos y en pasos fronterizos y además, dictamina dejar sin efecto lo instruido en el ORD. B33 N°3020 del 27 de junio de 2019 de la Subsecretaría de Salud Pública en el cual autorizó body scan por rayos X instalados en 10 establecimientos de gendarmería y en 2 establecimientos del SENAME”.
El argumento del subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, quien firmó el documento, explica dos razones para prohibir el uso de esta tecnología: el riesgo para la salud de las personas y los derechos fundamentales. Con respecto a esto, la medida fue defendida por el subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, explicando que: “Los rayos X, que son radiaciones ionizantes, provocan problemas a la salud en exposiciones reiteradas a largo plazo”, añadiendo que, “la Unión Europea (UE) no ha autorizado el uso de “body scan” en ciertos lugares. En este sentido, lo más importante es cuidar a las personas”, dijo a Meganoticias.
¿Por qué fue criticada la decisión?
Recordemos que la dinámica de rayos X ha estado presente en Chile desde el 2012 para elevar los estándares de seguridad de los antes mencionados recintos. Es por eso que ante esta declaración hubo variadas reacciones negativas.
Una de ellas fueron las declaraciones del ex Director Nacional de Gendarmería, Christian Alveal, donde señaló que: “Los elementos tecnológicos que requiere el ejercicio de la función penitenciaria tienen que estar a disposición de la institución”. Asimismo, el suboficial mayor, Eduardo Riquelme, sostuvo que: “Para el personal de Gendarmería de Chile, las herramientas tecnológicas son de vital importancia, ya que se han detectado en muchas regiones del país verdaderas mafias que se dedicarían al ingreso de elementos prohibidos al interior de las cárceles, situación que se ha podido mantener en control gracias a estos elementos. Eliminar este tipo de control expondrá la vida de los mismos gendarmes en un contexto de evolución del crimen organizado en Chile a niveles inesperados y extremadamente violentos”.
La oposición también levantó críticas, calificando la medida como ”insólita”. Además, un grupo de diputados de Renovación Nacional enviaron un escrito a la ministra de Justicia, Marcela Ríos, solicitando la información con la que el ministerio se basó para accionar la medida de prohibición.
“Es realmente insólito y un despropósito, en un momento donde el gobierno debería estar en una cruzada contra el crimen organizado y el narcotráfico, que la Subsecretaría de Salud le quite una de las pocas herramientas eficientes que tiene Gendarmería para controlar el ingreso de drogas y armas dentro de las cárceles”, sostuvo el diputado Andrés Longton (Renovación Nacional).
Pie atrás a la suspensión.
Finalmente, la mañana de hoy, la Subsecretaría de Salud emitió un comunicado en el que decidieron dejar sin efecto el Oficio Ordinario B33 N°3045 del 30 de junio del 2022, confirmando que se mantendrá el uso del body scan en establecimientos carcelarios y el Sename. Igualmente, se establecerá una mesa de trabajo interministerial con el Ministerio de Justicia, con el fin de avanzar en “el mejoramiento de protocolos y técnicas”, planteando “resultados e implementaciones graduales”.
Pese a esto, parlamentarios del Partido Republicano han pedido la remoción de su cargo del subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado. Por su parte, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, reconoció que faltó ‘coordinación’ en la polémica decisión original del ministerio de Salud.