“Piñera tiene un mandato constitucional de gobernar hasta el 11 de marzo”: Camila Vallejo emplaza al actual gobierno sobre las manifestaciones en Iquique
La futura vocera de gobierno, Camila Vallejo, se refirió a la situación que se vive en Iquique tras las manifestaciones contra la crisis migratoria y el aumento de la delincuencia que se vivieron durante las últimas jornadas.
La actual parlamentaria fue consultada respecto a las decisiones que ha tomado el actual mandato de Sebastián Piñera que está a menos de dos meses de dejar sus funciones.
“Para nosotros son situaciones de alta preocupación, son graves y complejas. Si estamos donde estamos es porque nos interesa gobernar de manera distinta estas situaciones”, sostuvo la futura autoridad.
Añadió que en conjunto a sus futuros compañeros de gobierno se están preparando para enfrentar este tipo de situaciones con otra perspectiva.
“Nosotros a partir del 12 de marzo vamos a ejercer las funciones de gobierno. Por ahora estamos trabajando en la conformación de equipos para asumir esas funciones con total responsabilidad”, expuso.
Asimismo, explicó que respetarán las decisiones que se están tomando actualmente en el gobierno de turno. “Yo entiendo la ansiedad pero el gobierno de Sebastián Piñera tiene un mandato constitucional de gobernar hasta el 11 de marzo y nosotros respetamos esas funciones y ese deber que tiene el actual mandatario”, manifestó.
En relación a su opinión sobre las políticas que ha tomado el actual gobierno en materia de migración, la futura autoridad manifestó su preocupación sobre las respuestas que se han dado.
“Nosotros tenemos una opinión crítica y por eso los resultados que tenemos en el norte. Pero la responsabilidad del gobierno para ejecutar políticas públicas es del gobierno actual, y esperamos que se den respuestas inmediatas y de largo plazo”, emplazó Vallejo.
Por el momento, la ciudad de Iquique se encuentra paralizada debido a una marcha convocada por trabajadores de diversos gremios, tales como camioneros y taxistas que llamaron a un paro general ante el aumento de la delincuencia, la crisis migratoria y el incremento de violencia.