CIDH: Estado de Chile condenado a pagar deuda histórica contra 846 profesores y profesoras
Esta mañana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), condenó al estado chileno a pagar la deuda que tiene con 846 profesores y profesoras de Chile. Tras 16 años de espera, serán 660 los docentes que siguen con vida y que podrán recibir su condonación.
La millonaria indemnización se le deberá pagar directamente a los y las docentes que no recibieron sus asignaciones previsionales tras la reforma educacional municipal. La deuda asciende a los 72 mil millones de pesos, los que corresponden a 4,3 millones de pesos chilenos a cada uno de los 846 profesores.
La denuncia conocida como Caso Profesores de Chañaral y otras Municipalidades Vs. Chile, se inició hace 16 años gracias a las irregularidades que vivían los docentes en las Municipalidades de Chañaral, Chanco, Pelluhue, Parral, Vallenar y Cauquenes.
Bajo este marco, el CIDH resolvió que el Estado de Chile es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales, protección judicial y a la propiedad de las personas docentes.
#Sentencia de la @CorteIDH en el Caso Profesores de Chañaral y otras Municipalidades Vs. Chile🇨🇱: El Estado es responsable por no cumplir con debida diligencia sentencias que reconocían pago de asignación especial a 846 docentes.
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— Corte Interamericana de Derechos Humanos (@CorteIDH) December 21, 2021
El origen de la deuda histórica
Fue durante la dictadura que el manejo de la educación pública pasó de estar en manos del gobierno central a las municipalidades. Esto implicó que los profesores y profesoras que eran funcionarios en la educación pública quedarán regidos por las normas laborales del sector privado.
Esto significó que los trabajadores no percibieron una asignación especial no imponible. Sin embargo, esta reforma no aplicó para todo el sector, ya que algunas municipalidades generaron convenios para realizar igualmente el pago de la asignación.
A la fecha de la publicación de este fallo, el 20% de los y las docentes que deberían recibir el pago no se encuentran con vida. Por su parte, el resto de los profesores tienen entre 70 y 80 años.
Respecto a esto el Tribunal consideró que “el Estado desconoció su deber reforzado de garantizar la debida diligencia en el acceso a la justicia de las personas mayores y la celeridad en los procesos en los que participa esta población en situación de vulnerabilidad”, mencionó en un comunicado de prensa.