Piden a Contraloría indagar contrato millonario con productora que debía preparar ex Congreso para la Convención
La bancada de la Democracia Cristiana de la Cámara de Diputadas y Diputados ingresó un requerimiento a Contraloría por “eventuales irregularidades” en el contrato entre la Segpres y Street Machine Corp (SM), la empresa que estaban encargada en la organización y producción de la primera sesión de la Convención Constitucional.
Los diputados denuncian un presunto trato directo entre la empresa y la Segpres al momento se establecer el contrato por $450 millones para que se llevara a cabo la tarea. “Salta a la vista, más allá del hecho de falta de micrófono o amplificación, que gran parte de la gestión administrativa, de un proceso que involucra cifras relevantes para su implementación, se haga la modalidad de trato directo“, dijo el diputado Gabriel Silber.
La razón por la que miran esa situación con suspicacia es que esa modalidad “se usa en imprevistos, situaciones que era imposible someter a una planificación de mejores precios o mejores oferentes”, en palabras de Silber. Por eso es que la bancada busca que se investigue la situación, aunque el diputado Iván Flores también agrega que “tiene que haber responsabilidad política. Tiene que haber respuesta clara del gobierno“.
A las críticas señaladas por Silber Y Flores, se sumó también la diputada Joanna Pérez, quién dijo en su cuenta de Twitter que “existiendo el tiempo suficiente para preparar y garantizar las condiciones necesarias para el funcionamiento de la Convención, es el Gobierno, mandatado expresamente por la Constitución para este fin, el que debe asumir la responsabilidad política de este grave error”.
Existiendo el tiempo suficiente para preparar y garantizar las condiciones necesarias para el funcionamiento de la @convencioncl, es el Gobierno, mandatado expresamente por la Constitución para este fin, el que debe asumir la responsabilidad política de este grave error.
— Diputada Joanna Pérez (@joannaperezolea) July 6, 2021
A todo lo anterior se le suma que el dueño de Street Machine Corp (SM) es propiedad de Paul Morrison Cristi, hijo de la ex-diputada UDI María Angelica Cristi. Esa cercanía con la UDI agranda las desconfianzas con el proceso que, de por sí, ya está poco claro.