Noticias

[COLUMNA] El Purgatorio

Viven hacinados. Y cuando mueren, lo hacen quemados o decapitados. Es el drama carcelario de Brasil, del que no escapa el resto de Latinoamérica. ¿Colapsó el tradicional modelo penitenciario?

Por Juan Manuel Astorga S. 

Fueron unos pocos metros. Un grupo de reclusos de una banda de narcotraficantes cruzó al ala contraria de la prisión en la que cumplían condena. Ahí mismo se desató la tragedia. El enfrentamiento por ganar espacio allí donde cada metro cuadrado vale más que una tonelada de cocaína, derivó en un incendio que se saldó con 57 víctimas fatales. Tuvo lugar el domingo en la cárcel de Altamira, estado de Pará, en el norte de Brasil. Para evitar una fuga, los gendarmes clausuraron el pabellón. Fue apagar el fuego con bencina. Muchos murieron asfixiados porque no pudieron arrancar.

Es la masacre más grande en lo que va del 2019. Y eso, para Brasil, es harto decir. Sus cárceles son frecuente escenario de disturbios. Hace 2 meses, otros 56 presos murieron en una prisión en Manaos, capital del Amazonas. Y tanto en esa oportunidad como ahora, varios internos no alcanzaron a morir quemados porque antes sus rivales los decapitaron, otra forma común de perder la vida cuando se está privado de libertad en el gigante latinoamericano. 

En sus pabellones cohabitan bandas que compiten por el siempre lucrativo mercado de la producción y distribución de drogas. Estando libres, se pelean las rutas del narcotráfico. Tras las rejas, disputan el dominio del espacio interno. Poco y nada hacen los gendarmes que los custodian. No intervienen por temor a morir en el intento por separarlos o bien, porque son corrompidos. Si los sobornos alcanzan a políticos y hasta presidentes, no cuesta imaginar que también alcanza para pagarle a los custodios.

En Brasil, como en casi todo el subcontinente, las cárceles son de completa administración estatal. Todas están híper-pobladas. La de Altamira estaba hecha para albergar a 208 reclusos. Tenía 384. Ese problema se replica en las mil 478 cárceles que hoy tiene Brasil. 

Su población carcelaria aumenta al ritmo de 6,5% al año. Sólo entre el 2000 y 2009 se duplicó. Es tanto el nivel de hacinamiento, que muchos prisioneros terminan en calabozos policiales, esperando por una celda. Eso contraviene la ley en Brasil, que no permite su detención en esos lugares por más de 5 días. Los cuarteles tienen capacidad para 15 mil personas. Hoy hay 60 mil.

La desgracia de los reos en Brasil ha sido denunciada sistemáticamente por la Organización de Naciones Unidas, ONU. Acusa falta de derechos básicos, condiciones de vida mínimas, ausencia de salubridad (nadie saca la basura por miedo a que los tomen de rehenes) y entre los mismos presos se torturan para conseguir que el más débil le ceda unos centímetros de espacio. A eso hay que agregar que es común que los internos acopien armas, celulares y hasta drogas. Operan con total impunidad desde dentro, manteniendo la administración de su negocio que está allá afuera. Como todo es un caos, no es difícil explicarse por qué en Brasil hay una rebelión o disturbio violento cada 36 horas. 

Raya para la suma, sobrepoblación carcelaria, bandas rivales en un mismo recinto y funcionarios corruptos son el cóctel perfecto para desgobierno. 

Se suele decir que el drama carcelario de Brasil se explica porque tiene la mayor población carcelaria del mundo por cantidad de habitantes. Pero no. Encabezan ese ranking Estados Unidos y El Salvador. La primera economía del mundo tiene también el primer lugar en el podio de prisioneros: 657 por cada 100 mil habitantes. El Salvador, el país más pequeño de América Latina, tiene 616. Chile está en el puesto Nº55, con 233 presidiarios por cada 100 mil habitantes, unos 43 mil en total.

La tragedia en Latinoamérica tiene un componente adicional aún más patético: Según estadísticas de la última década, un 70% de los presos no ha sido condenado, sino que está bajo proceso, pero recluido. Cuando se les concede la sentencia, un 50% salen libres porque cumplieron la pena esperándola; un 25% vuelve a la calle porque eran inocentes (o porque el sistema es tan ineficiente que no pudo acreditar delito), y sólo el 25% restante queda en prisión. 

Estos datos vienen a confirmar que el modelo penitenciario tradicional ha fracasado. Simplemente no hay capacidad física para tantos reclusos. Muchos gobiernos, especialmente los que coquetean con el populismo, proponen penas de cárcel para nuevos delitos, pero a la hora de la verdad, no quieren destinar un peso a la construcción o refacción de recintos penitenciarios porque la plata, con ese destino, no rinde votos. 

Por último, la idea de penas alternativas como las tobilleras o pulseras electrónicas, son muy poco populares. Hace algunos años, el entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva propuso que unos 20 mil presidiaros accedieran a ese sistema, básicamente los que no hayan puesto en riesgo la vida de nadie y que estén pendientes de juicio o condenados por primera vez y que hayan dado muestras de buen comportamiento. Pues bien, la oposición puso el grito en el cielo y muchos, incluyendo al entonces diputado Jair Bolsonaro, advirtieron que liberarlos sería condenar al infierno a Brasil. 

Vaya paradoja. Hoy Bolsonaro es el que gobierna y Lula está preso, claro que en una cárcel que no enfrenta, al menos en su pabellón, el drama que sí tienen que vivir el resto de los reclusos. Es que el purgatorio no es igual para todos.