Ángela Vivanco en la mira de la Fiscalía: las claves para entender la ‘arista bielorrusa’ del Caso Audio
A poco más de un año de su destitución, la exjueza de la Corte Suprema Ángela Vivanco vuelve al centro de la polémica. La noche del martes 4 de noviembre, fueron detenidos su pareja, Gonzalo Migueles, y los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, todos cercanos a ella, por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, negociación incompatible y lavado de activos. Las detenciones surgen de una nueva arista del caso Audios, vinculada a fallos favorables al Consorcio Bielorruso Belaz Movitec (CBM) cuando Vivanco integraba la sala constitucional del máximo tribunal.
El caso comenzó con un litigio entre Codelco y el consorcio CBM, empresa encargada de obras en la División El Salvador. Tras perder en la Corte de Copiapó, la compañía logró revertir el fallo en la Corte Suprema, cuando Vivanco presidía la sala constitucional, lo que obligó a la estatal a pagar millonarias sumas. Seis resoluciones consecutivas favorecieron a CBM mientras ella integraba la sala, lo que generó sospechas de trato “preferencial” y eventuales irregularidades procesales.
Entre los beneficiados por estos fallos estaban Mario Vargas y Eduardo Lagos, representantes de CBM y cercanos a Vivanco y al abogado Luis Hermosilla. Vargas, incluso, asistió al cumpleaños de la exjueza en 2024. Las viviendas de los tres abogados y de Vivanco fueron allanadas por orden de la fiscal Carmen Gloria Wittwer, quien dirige la investigación y mantiene bajo la lupa los vínculos financieros y personales entre los implicados.
Según el Ministerio Público, parte del dinero que Codelco pagó a CBM, tras el fallo de la Suprema, habría terminado en manos de Gonzalo Migueles, pareja de Vivanco. El dinero, cerca de 47 mil dólares, habría sido transferido por Lagos a una casa de cambios, desde donde se entregó en efectivo a Migueles y luego redistribuido entre sus cercanos. La Fiscalía busca determinar si esta maniobra encubre pagos ilícitos o sobornos.
La investigación reveló además que Migueles recibió 25 millones de pesos en junio de 2024 desde una empresa vinculada a Yamil Najle, dueño del diario El Heraldo de Linares. Dos meses después, Najle fue nombrado conservador de bienes raíces de Chillán, cargo donde interviene el Poder Judicial. Estos movimientos, coincidentes con pagos de Codelco a CBM, levantaron nuevas alertas de presunto intercambio de favores y tráfico de influencias.
El origen del caso “bielorruso”
El conflicto judicial se remonta a 2023, cuando CBM presentó dos recursos de protección contra Codelco alegando incumplimientos de contrato. La Corte de Copiapó los rechazó, pero la Suprema, que era presidida por Vivanco, los acogió de inmediato, ordenando a Codelco devolver más de 12 mil millones de pesos. La rapidez del fallo y las irregularidades en el proceso encendieron las alarmas sobre posibles intervenciones indebidas dentro del tribunal.
La tramitación del caso mostró anomalías. La Tercera Sala de la Suprema dio cuenta del recurso y falló en favor del consorcio en apenas seis días, sin contar con una orden previa del presidente del tribunal, como exige el reglamento. Además, se concedió una Orden de No Innovar improcedente, lo que permitió a CBM retirar sus equipos y cobrar los pagos. Estos antecedentes hoy son claves para determinar el eventual abandono de deberes y favorecimiento deliberado.