Caso ProCultura: En qué consiste y quién es quién
Caso ProCultura: En qué consiste
El caso ProCultura surge como una arista del denominado Caso Convenios, investigación iniciada en junio de 2023 tras revelarse irregularidades en los traspasos de dinero desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta a la fundación Democracia Viva. A partir de ese hecho, más de 50 fundaciones comenzaron a ser investigadas por el Ministerio Público, siendo ProCultura la que adquirió mayor notoriedad por el volumen de recursos involucrados y la cantidad de actores públicos relacionados.
ProCultura es una fundación creada en 2009 por el psiquiatra Alberto Larraín y la fotógrafa Ilonka Csillag. Según su propia descripción, buscaba promover el desarrollo comunitario a través de iniciativas culturales y patrimoniales. Sin embargo, la Fiscalía indaga si la entidad cometió fraude al fisco mediante convenios suscritos con distintos gobiernos regionales, por un total que supera los 6 mil millones de pesos. El caso involucra a altos funcionarios de la fundación, a varios gobernadores regionales y a autoridades del gobierno actual, y se ha convertido en la investigación más extensa del caso Convenios.
ProCultura: Los nombres mencionados
Alberto Larraín
Alberto Larraín, psiquiatra y fundador de la Fundación ProCultura, es el principal rostro del caso que investiga eventuales fraudes al fisco mediante convenios con gobiernos regionales. Con fuertes vínculos en el mundo político y cultural, Larraín asesoró al entonces diputado Gabriel Boric en temas de salud mental, militó en la Democracia Cristiana y desplegó una intensa agenda de lobby con autoridades de distintos sectores. Entre 2018 y 2022 sostuvo casi 80 reuniones con funcionarios públicos, gestionando proyectos que hicieron crecer exponencialmente los ingresos estatales de la fundación. Su rol como articulador político y gestor de convenios lo sitúa en el centro de una investigación por traspasos irregulares que superan los 6 mil millones de pesos.
Miguel Crispi
Miguel Crispi, exsubsecretario de Desarrollo Regional y exjefe de asesores del Presidente Boric, es una figura clave en el caso ProCultura. En su rol como subsecretario, visó un convenio por $629 millones con la fundación para la pintura de fachadas en Antofagasta, proyecto que finalmente no se habría ejecutado. Aunque declaró no conocer a ProCultura, sí tenía vínculos con su fundador, Alberto Larraín.
La Fiscalía solicitó intervenir su teléfono por considerarlo “sujeto de interés” en la investigación, interceptación que se extendió por al menos 120 días entre 2023 y 2024. Una conversación telefónica con su madre, en la que mencionó tráfico de influencias, habría sido la base para abrir una investigación penal contra Isabel Allende. El hecho de que su teléfono fuera intervenido mientras era parte del círculo cercano de Boric ha generado tensiones en La Moneda y cuestionamientos sobre su rol en los tratos aprobados por la Subdere.
Claudio Orrego
Claudio Orrego, gobernador de la Región Metropolitana, está siendo investigado en el marco del caso ProCultura por presuntos delitos de tráfico de influencias, fraude al fisco y apropiación indebida, tras firmar un convenio directo por $1.683 millones con la fundación para el programa “Quédate”, destinado a prevenir suicidios. El vínculo con Alberto Larraín ha levantado sospechas por su cercanía personal con Orrego.
A pesar de haber iniciado acciones legales contra la fundación tras el incumplimiento del convenio, Orrego ha enfrentado críticas por sus declaraciones contra la prensa y la fiscalía, además de intentar frenar un allanamiento con un recurso judicial. Aunque insiste en su inocencia y en la transparencia del proceso, el gobernador ha reconocido sentirse traicionado por ProCultura, pero no arrepentido de haber impulsado el programa.
Josefina Hunneus
El 19 de noviembre de 2024, la psiquiatra Josefina Huneeus declaró ante la Fiscalía como imputada en el caso ProCultura. Exesposa de Alberto Larraín, director de la fundación, aseguró no haber tenido ningún vínculo contractual ni económico con la entidad, más allá de recibir pensión alimenticia tras su divorcio y un pago por la venta de su parte en la casa común.
Pese a ello, entregó información clave sobre el funcionamiento interno de la fundación, señalando que Larraín concentraba todo el poder y tomaba decisiones sin consultar al directorio, al que calificó como “de papel”. También reveló prácticas irregulares, como el arriendo de una casa del padre de Larraín a la propia fundación y viajes personales pagados por ProCultura.
Huneeus negó que su exmarido fuera el siquiatra del Presidente Boric, aunque confirmó que trabajó con él cuando era diputado. Finalmente, su teléfono fue interceptado por orden judicial, luego de que la Fiscalía lo asociara a Larraín por registros en Dicom, hecho que motivó un recurso de amparo de su defensa.
Sebastián Balbontín
El Ministerio Público investiga a Sebastián Balbontín, consejero regional y excandidato a alcalde de Limache por Revolución Democrática, por presunto financiamiento irregular a través de la Fundación ProCultura. Según la fiscalía, entre julio de 2021 y enero de 2024 se realizaron 126 transferencias por $53.442.000 desde la cuenta personal de Alberto Larraín —director de ProCultura y pareja de Balbontín— hacia cuentas ligadas al excandidato.
También se detectaron pagos a Catalina Rengifo, quien trabajó en la campaña de Balbontín y en la fundación, y aportes desde Francisco Fuentes, exdirector de un proyecto de ProCultura. Balbontín participó además en reuniones previas a un convenio por $248 millones entre la fundación y el Serviu, lo que refuerza las sospechas del Ministerio Público sobre un posible esquema de financiamiento político ligado al Frente Amplio. La indagatoria sigue en curso.
Ricardo Díaz
Ricardo Díaz, gobernador reelecto de Antofagasta, enfrenta cuestionamientos por el traspaso de $629 millones desde el Gobierno Regional a la fundación ProCultura para pintar tres fachadas del casco histórico, pagando un monto elevado por metro cuadrado. El convenio, aprobado en noviembre de 2022, fue terminado anticipadamente en septiembre de 2023, exigiendo el reintegro de más de $373 millones.
Díaz ya fue citado a una comisión investigadora y será convocado nuevamente por la Cámara de Diputados. Aunque no ha sido formalizado, fue calificado como “sujeto de interés” en la investigación. A pesar de este caso, logró la reelección en segunda vuelta con un 52,27% de los votos.
Rodrigo Mundaca
Rodrigo Mundaca, actual gobernador de Valparaíso, está vinculado al caso Procultura por un convenio firmado en 2023 entre el Gobierno Regional (GORE) y la fundación, por $25 millones para un proyecto cultural específico. Aunque Mundaca ha defendido la legalidad y transparencia de ese acuerdo, la fundación no había rendido cuentas de esos fondos al momento de la auditoría de Contraloría en septiembre de 2023. Además, se detectaron irregularidades en las cotizaciones presentadas, ya que provenían de trabajadores de la misma fundación.
A raíz de estos antecedentes, se presentó una querella penal contra Alberto Larraín (exdirector de la fundación), su representante legal y quienes resulten responsables, lo que motivó el allanamiento del Gobierno Regional, la incautación del celular y computador de Mundaca, y su inclusión en la investigación. Aun así, Mundaca ha afirmado tener “las manos limpias” y respondió judicialmente con una querella por injurias graves contra Francesco Venezian, quien lo acusó falsamente —según él— de haber transferido $15 mil millones a la fundación, cifra que niega rotundamente.
Óscar Crisóstomo
La Contraloría General de la República inició un juicio de cuentas contra el gobernador del Ñuble, Óscar Crisóstomo (PS), por su omisión negligente en la supervisión de un convenio por $268 millones entregados directamente a la Fundación ProCultura en 2022. El dinero estaba destinado al programa “Encuentro Binacional Ñuble”, pero el informe del órgano fiscalizador detectó irregularidades como sobreprecios, $54 millones objetados y $20 millones no ejecutados. Además, se investiga la presunta intervención directa de Crisóstomo en la elección de una empresa (Esquerré) para ejecutar el proyecto, pese a que legalmente la responsable era la fundación.
Crisóstomo ha reconocido la existencia del juicio de cuentas, pero lo califica como un proceso administrativo en etapa de descargos y defiende que el proyecto “se ejecutó correctamente”. Sin embargo, a nivel judicial, ya fue citado como imputado por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, y optó por guardar silencio. La causa sigue en curso, mientras enfrenta una querella presentada por la core Lorena Jardua (UDI), quien acusa manejos políticos irregulares y falta de transparencia en la operación.
Jorge Flies
El gobernador de Magallanes, Jorge Flies, defendió la legalidad de dos convenios por $52 millones con la Fundación ProCultura, asegurando que fueron ejecutados correctamente y sin irregularidades. Sin embargo, enfrenta cuestionamientos por chats con el director de la fundación, Alberto Larraín, donde este le pide acelerar proyectos y menciona gestiones con el Presidente Boric. Aunque Flies negó irregularidades, la Fiscalía considera que existen “antecedentes serios y graves” y mantiene activa la investigación por posible fraude al fisco.
Rodrigo Díaz
En febrero de 2024, el exgobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, anunció una demanda para recuperar casi $1.000 millones entregados a la Fundación ProCultura, tras un crítico informe de Contraloría. Sin embargo, una revisión posterior del nuevo gobernador, Sergio Giacaman, reveló que la demanda nunca fue notificada ni tramitada. El documento contenía errores y no cumplía con los requisitos legales, lo que impidió cualquier avance en la recuperación de fondos. La actual administración abrió un sumario y acusa una grave omisión y falta de supervisión durante la gestión de Díaz, quien no se refirió al tema públicamente.
