Ley Lafkenche: Qué es y por qué complica a los gremios en Aysén
Este jueves 29 de febrero, la región de Aysén vivirá un día decisivo para su economía. Esto ya que se definirán las solicitudes de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) que piden la entrega de más de 600 mil hectáreas de mar a administración de comunidades indígenas, lo cual es posible gracias a la Ley Lafkenche.
¿Qué es la Ley Lafkenche?
La Ley 20.249, más conocida como Ley Lafkenche, fue promulgada el 31 de enero del 2008 y su origen yace en el interés de las comunidades mapuche-lafkenche de obtener el reconocimiento y protección de sus derechos sobre el borde costero. Así, esta normativa estableció un mecanismo para destinar un Espacio Costero Marítimo de los Pueblos Originarios (ECMPO) con el fin de preservar usos y costumbres indígenas.
Solicitud de ECMPO en Aysén
Tal como se mencionó anteriormente, a las 15:00 hrs de este jueves, la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) en Aysén, organismo dependiente del gobierno regional y que planifica las zonas costeras del país, tendrá que decidir si es que se aprueba o rechaza la creación de los ECMPO para dos comunidades indígenas de las Islas Huichas y de Cisnes. En concreto, la solicitud, que se lleva tramitando desde hace ocho años, implica entregar más de 621 mil hectáreas de mar a un grupo de personas para su administración.
Respuesta de los gremios
La determinación de la comisión tiene en vilo a las principales industrias del sector, especialmente a la salmonera, la cual señaló que en caso de aprobarse se dañaría su actividad, correspondiente a una de las principales fuentes económicas de la zona. A raíz de esto, el martes 27 de febrero, gremios y sindicatos de la región se manifestaron en contra de la petición y alertaron sobre su impacto y cómo los afectaría.
Al respecto, Tomás Monge, director territorial de SalmonChile, precisó que un 45% de las concesiones de Aysén se verían perjudicadas. En una entrevista con CNN, Monge señaló que “es prácticamente la mitad del borde costero de Aysén (…) dentro de esos espacios tenemos alrededor de 300 concesiones”. En concreto, las actividades portuarias, pesca industrial y artesanal, además de obras públicas, se verían gravemente afectadas, provocando “paralizaciones de proyectos y tramitaciones hasta por 12 años”.
Por su parte, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), la cual reúne a los gremios más relevantes del país, envió una carta al Gobierno expresando su preocupación ante la decisión. En esta indicó que “podría suceder que grupos de pocas personas puedan acceder a derechos sobre porciones sustanciales del territorio marítimo”, agregando que “una mala decisión podría tener un impacto muy negativo e irreversible en todas aquellas familias cuyas vidas dependen de las actividades relacionadas con los mares de la región”.
Carta a la gobernadora
Las comunidades mencionadas se defendieron y acusaron una campaña de desinformación por parte de los salmoneros. En medio de la polémica, enviaron una carta a la gobernadora de la región, Andrea Macías, solicitando suspender la votación de hoy. En esta expresaron que se necesita generar espacios de diálogo, que cuenten con estándares mínimos de convivencia para asegurar la justicia y equidad de la decisión.