Comisión Asesora contra la Desinformación: De qué se trata, qué funciones tiene y las críticas al proyecto
La creación de la Comisión Asesora contra la Desinformación ha generado polémica y críticas especialmente por parte de la oposición.
Por medio de un decreto publicado en el Diario Oficial, esta instancia, que tendrá carácter temporal, estará compuesta por académicos, profesionales, representantes de la sociedad civil y además organizaciones que se dedican a hacer fact-checking.
¿Qué funciones tendrá la Comisión?
El decreto afirma que esta Comisión se enfocará en trabajar en el impacto que tiene la desinformación en la calidad de nuestra democracia, la alfabetización digital, la desinformación en plataformas digitales, buenas prácticas internacionales/experiencia comparada, y políticas públicas y desinformación.
Este organismo estará a cargo del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y asesorará directamente a la Secretaría General de Gobierno. Desde La Moneda afirman que esta herramienta puede servir para evitar la difusión de falsedades y discursos de odio lo que a juicio del gobierno, podría terminar dañando la democracia.
Las críticas desde la oposición
Esta iniciativa provocó de manera casi inmediata una gran cantidad de críticas. Por parte de la oposición acusaron que hubo falta de diálogo antes de implementar esta Comisión. También aseguraron que su existencia podría poner en riesgo la libertad de expresión.
La senadora Ximena Rincón (Demócratas), calificó que este hecho es “gravísimo“, explicando que “cuando se trata de regular derechos fundamentales de libertad de prensa la libertad de expresión, deben ser discutidos por el órgano que representa la democracia, que es el Congreso”.
Además, agregó que: “Seleccionar un grupo de personas al gusto del gobierno de turno, para decidir cómo ejercer esas libertades, es abiertamente restrictivo. La regulación de las libertades y derechos civiles y políticos fundamentales, son materia de ley”.
Por su parte, la diputada de Renovación Nacional, Camila Flores, deslizó que “es sumamente preocupante que el Gobierno busque mecanismos institucionales para tratar de decir cuál es la verdad, cuál es la mentira, cuál es la información correcta y cuál es la desinformación”.
Flores también expresó que: “Lamentablemente está cayendo en el juego del Partido Comunista que está perseverando también en el Congreso. Están imponiendo una la Ley Mordaza, y esto francamente es muy propio de las dictaduras. Solicito que el gobierno eche pie atrás en esta situación, porque es sumamente grave, incluso, es absolutamente inconstitucional”.
Críticas desde el extranjero
Los cuestionamientos no solo llegan desde los partidos opositores, sino que también desde otros lugares fuera de Chile. La Sociedad Interamericana de Prensa expresó su preocupación al respecto, advirtiendo que debe encender las alarmas cuando los gobiernos se involucran de esta manera en el análisis de información, expresión, medios o periodismo.
Asimismo agregaron que las comisiones, observatorios u otras formas gubernamentales de vigilancia siempre suelen mirar la realidad desde ópticas ideológicas, aconsejando políticas públicas sesgadas, con efectos negativos sobre las libertades de expresión y de prensa.
Paños fríos
Por otro lado, desde el Consejo para la Transparencia afirmaron que “habría que ver resultados para analizar el aporte de la Comisión en el combate contra la desinformación”.
Igualmente, valoraron la voluntad “declarada de transparentar el gasto del Estado, directo e indirecto, en avisaje y publicidad, y que ha sido tantas veces postergada. Es decir, plata que el Estado le entrega a los mismos medios que deben informar y ejercer control sobre el poder”.
“La relación dinero, poder y medios de comunicación, puede prestarse a pésimas prácticas”, expresaron.