Red Transformadora | Colusión y Libre competencia

En mayo de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) un requerimiento contra dos empresas del rubro de beneficios de alimentación y vestuario para trabajadores y estudiantes, acusándolas de coordinar precios y repartirse clientes durante casi nueve años.

La FNE solicitó una multa histórica de más de 41 mil Unidades Tributarias Anuales —cerca de 39,6 millones de dólares— para una de las firmas, al considerar que ambas compañías controlaban en conjunto más del 80% de ese mercado. La otra empresa involucrada quedó exenta de sanciones tras acogerse al mecanismo de delación compensada.
El caso reabre la conversación sobre cómo opera en Chile el sistema de defensa de la libre competencia.

El Decreto Ley 211 es la norma que regula esta materia tipifica las conductas que restringen la competencia, como los acuerdos para fijar precios o repartirse mercados, y da origen a la institucionalidad encargada de perseguirlas, integrada por la FNE, organismo investigador, y el TDLC, tribunal especializado que resuelve los casos.

Desde 2016, con la entrada en vigencia de la Ley 20.945, la colusión pasó a constituir además un delito penal, con penas de cárcel para quienes participen en estos acuerdos. La misma ley reforzó la delación compensada, mecanismo vigente desde 2009 que permite a la primera empresa o ejecutivo que aporte antecedentes sobre un cartel acceder a la exención total de la multa y de la responsabilidad penal, mientras que el segundo delator puede obtener una rebaja de hasta el 50% en la sanción económica. Este instrumento fue clave en el destape del conocido cartel del papel confort en 2015, y también lo ha sido en casos recientes como este.

Más allá de las multas, los especialistas coinciden en que la colusión tiene un costo que termina pagando la ciudadanía: precios más altos, menor innovación y mercados menos dinámicos. En un país donde varios sectores presentan niveles de concentración elevados, prevenir y sancionar estos acuerdos siguen siendo, según los expertos, una tarea pendiente y en constante perfeccionamiento.